La Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) hizo público ayer el Pacto por la Cultura 2015, un documento que sustituye al acuerdo de 2010 y que se presentó a modo de conclusión en la II Conferencia Estatal de la Cultura, que tuvo lugar ayer y el jueves en Baluarte. El documento nace como un “instrumento de trabajo, con vocación de generar intercambio y debate y con el compromiso de consenso” y es fruto “de la participación y la reflexión colectiva” a través de la plataforma virtual Loomio (422 participaciones) y entrevistas con 170 asociaciones y entidades del sector.

En dicho documento, los gestores culturales exigen al gobierno estatal una nueva fiscalidad para la cultura y mecanismos legales que favorezcan la financiación mixta. “El brutal incremento del 8% al 21% de IVA para los espectáculos y los servicios artísticos ha tenido efectos perversos sobre la cultura, con la caída de espectadores y de la recaudación fiscal. Es necesario un IVA superreducido, la creación de mecanismos de exención fiscal y la introducción de incentivos fiscales para promover el consumo cultural”, señalan desde la federación. En este sentido, piden también la elaboración de una Ley de Mecenazgo que incentive la financiación de la cultura por parte de otros agentes, sin que esto perjudique “la necesaria aportación pública en los proyectos liderados por la administración”.

Asimismo, consideran que se hace imprescindible una revisión de la LOMCE o la regulación de una nueva Ley de Educación, un marco legal que contemple “pasar las enseñanzas artísticas de asignatura específica a obligatoria en todos los centros docentes de primaria públicos y privados, modernizar los programas educativos para que lo tecnológico y lo creativo sean activos fundamentales y reconocer los estudios superiores en distintos campos artísticos no como homologables sino como titulaciones de grado”.

En esta línea, piden a las administraciones públicas que aumenten los presupuestos destinados a cultura “para acercar el gasto público por habitante a la media europea”, un mayor grado de coordinación y planificación compartida y un modelo de gobernanza que permita la participación del sector en la planificación de las políticas culturales y la toma de decisiones. “Se hace necesaria la promoción de Consejos de las Artes y de la Cultura formados por profesionales y agentes del sector, el establecimiento de mecanismos que dictamen y evalúen las políticas públicas culturales o la participación en órganos de gobierno de fundaciones”.

El Pacto, además de dirigirse a las administraciones públicas, también busca que la ciudadanía ejerza sus derechos de acceso y participación a la cultura y reclame su garantía, y para ello propone la creación de plataformas de participación desde la sociedad civil o medidas específicas para que los sectores más desfavorecidos o la población migrante exijan sus necesidades culturales específicas.

La federación incide también en la importancia de concienciar a la sociedad sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual, un debate sobre el que, curiosamente, esta entidad no ha recibido ninguna aportación en red. “Es un dato muy relevante que indica que tenemos que trabajar”.

EVALUACIÓN PACTO 2010.

Consolidación presupuesto. No solo no se han consolidado, sino que se han reducido los presupuestos públicos para el sector.

Impulso Ley Mecenazgo. No existe dicha Ley, aunque hay normativas avanzadas en comunidades como Navarra o Andalucía.

Transparencia, coordinación. Fue una propuesta poco concreta, aunque sí se encuentra avances pese al inmovilismo de las administraciones.

Cooperación público-privada. Los debates sobre cooperación público-privada siguen presentes.

Cooperación entre sectores. No se ha detectado un cambio importante: cada sector sigue sus propias dinámicas sin cooperación.

Solvencia. Estancamiento en la gestión pública y poca investigación y desarrollo en la privada; mayor formación y reconocimiento internacional de artistas.

Desarrollo de públicos. Caída del consumo cultural.

Cultura y educación. Retroceso para las enseñanzas artísticas con la LOMCE.

Apoyo al talento. Precariedad pero avances en relación a la movilidad internacional.

Respeto lenguas. Dificultades a los proyectos culturales reducidos a entornos lingüísticos.

Medios de comunicación. Reducción del peso de la cultura en los medios generalistas e iniciativas especializadas de calidad.

Equilibrio entre derechos. Poco avance en la concienciación sobre la propiedad intelectual y nueva Ley con novedades.